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Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha

 El pasado mes de mayo el gobierno de Castilla-La Mancha anunció su intención de cambiar el modelo de gestión de la Red de Parques Arqueológicos de la región, entregando su explotación a la empresa privada, (Ver artículo en la Tribuna), con la intención de reducir el gasto que suponen. El anuncio tuvo lugar unos días después de que el Síndico de Cuentas descubriera un agujero en las cuentas del Parque Arqueológico de Carranque de unos 800.000 euros (Ver artículo en La Tribuna). 


La Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha arranca con la publicación de la Ley 1/2001 de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, que establece el marco legal para la regulación de todos los aspectos relacionados con dichos espacios. A partir de aquí se crearon consecutivamente los Parques Arqueológicos de Segóbriga (2002), Carranque y Alarcos (ambos en el 2003), Recópolis (2004), y en este mismo año el Tolmo de Minateda (2012).

El paso definitivo para completar el proceso de privatización lo dio el Gobierno  regional a finales de junio, con la creación de un organismo, el Centro del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es la gestión y coordinación de los Parques Arqueológicos y otros yacimientos o espacios patrimoniales musealizados (Ver artículo en La Tribuna), y en cuya Orden, por la que se crea el órgano, queda claro que las funciones que el mismo tiene atribuidas pueden ser -contratadas- "a través de cualquiera de los medios previstos en la normativa reguladora". 


En los últimos días de agosto se ha anunciado el cierre de los parques Arqueológicos de Carranque, Recópolis y Alarcos, con el fin de realizar los estudios pertinentes para obtener la información necesaria con la que crear los pliegos del concurso de licitación (Ver noticia en La Tribuna). En definitiva, un cambio radical en la política de gestión de los Parques Arqueológicos, cuyos resultados se verán a los largo del año próximo y que esperamos que no interfiera en la obligación que tiene la administración pública de estudiar, conservar, proteger y difundir el patrimonio histórico, en representación y para la sociedad que es la propietaria de dichos bienes. 
Fotografías y texto: I. Sánchez