Isabelo Sánchez
En el año 2008 se realizaron prospecciones geofísicas por parte de la empresa Toletum Visigodo, en las zonas que habían quedado fuera de la declaración BIC. El entonces gerente, Diego Peris, quería asegurarse de si existían restos arqueológicos o no, con el fin de no meterse en un callejón sin salida como había sucedido unos años antes en Vega Baja I. Lo curioso es que en el año 2001 también se realizaron prospecciones por todo el espacio del proyecto urbanístico, hallándose restos arqueológicos en prácticamente todos los sondeos que se realizaron. Lo que sucedió entonces es que todo el mundo cerró los ojos, y vendieron las parcelas a los distintos promotores para que fueran estos los que cargaran con el coste de las excavaciones arqueológicas obligatorias.
Sin embargo, a pesar de esta buena intención del gerente, probablemente, las presiones económicas volvieron de nuevo, porque, aunque claramente la prospección, y los sondeos posteriores, mostraron que los restos arqueológicos, igualmente se extendían por todas las áreas que se pretendían urbanizar en ese momento, se intentó llevar adelante el proyecto urbanístico de las Unidades de Actuación 7 y 37, ignorando esta realidad. Es decir, con la excusa de que se estaba excavando Vega Baja I, y que había un proyecto cultural en marcha, se pretendía destruir el resto del yacimiento, que claramente se había localizado mediante las prospecciones y sondeos, fuera de las zonas BIC. También en este caso se pretendía cumplir la ley, es decir, excavar, documentar, y construir, sin tener en cuenta que ya era evidente que toda la Vega Baja era una unidad. Diego Peris dimitió poco después.
Desde hace años, en una de las parcelas de Vega Baja, ante la inacción de las autoridades, se ha desarrollado un aparcamiento irregular de grandísimas dimensiones. En dicho espacio aparcan miles de vehículos cada día, y estacionalmente se producen encharcamientos y socavones. En contra de lo que dice el Plan de Movilidad Sostenible que tiene aprobado el Ayuntamiento de Toledo, de la protección paisajística de la zona, y de la realizad arqueológica de la parcelas, la administración local está empeñada en consolidarlo mediante su adecentamiento, consistente en instalar una capa de zahorra, y en la mayor parte de él, adoquín. Ahora se aprueba la segunda fase, porque una parte ya se ejecutó antes por parte de la empresa gestora de los aparcamientos de pago.
En el año 2015, nada más llegar al gobierno, Milagros Tolón resucitó la cuestión de la urbanización de Vega Baja. Al poco se aprobó la urbanización y construcción de cuatro bloques de viviendas en la Unidad de Actuación 34 del Plan de Ordenación Municipal de 2007. En 2017 la justicia anuló definitivamente este plan, y el gobierno local, en lugar de ponerse a redactar uno nuevo, se embargó en dos modificaciones puntuales del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1986, que en esencia significaban recuperar por la puerta de atrás el plan anulado. La Modificación Puntual 28 aprobada por el gobierno municipal actual ha recuperado 1.698 viviendas, tanto sobre los espacios catalogados BIC, como fuera de ellos, y usos dotacionales y terciarios, principalmente en los espacios que no son BIC. Esta modificación ha traído de nuevo la protesta ciudadana, que creía que el yacimiento arqueológico ya estaba a salvo. La estrategia municipal es, a pesar de que han sido ellos lo que lo han aprobado, decir que no se van a construir todas esas viviendas, y que los usos dotacionales y terciarios se ubicarán en zonas que no están protegidas. En concreto, la polémica se ha acrecentado con la intención de ubicar un cuartel de la Guardia Civil en una de estas parcelas que, aunque no están catalogadas actualmente como BIC, claramente forman parte del mismo yacimiento arqueológico. Desde el primer momento se ha acudido por parte de los políticos a la estrategia de minusvalorar los retos existentes, diciendo que en esa zona no hay restos, o que los restos no son importantes, o que se cumplirá la normativa de protección del patrimonio. Estas declaraciones son exactamente las mismas que se hacían cuando en el proyecto Vega Baja I empezaron a aparecer restos arqueológicos por todas partes. Si se hubiera hecho lo mismo que dicen ahora nuestros gobernantes, el yacimiento de Vega Baja no existiría a fecha de hoy.
Lo lógico, antes esta nueva desconfianza hacia lo que hay en el subsuelo, sería que, antes de hacer o planificar nada, se analizara el subsuelo para que no pase lo que sucedió en 2006. No es razonable que teniendo en cuenta la historia, y las evidencias existentes, se nieguen o minusvalores los restos arqueológicos, pero, al mismo tiempo no se haga nada por buscar certezas. Las denuncias que se han presentado por parte de la plataforma “Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura”, ante el Ministerio de Cultura, por posible expoliación, y ante la UNESCO, y los informes que han emitido ICOMOS, órgano consultivo del órgano internacional, y la Real Academia de San Fernando, a petición del Ministerio de Cultura, dejan en muy mal lugar a las administraciones local y regional. Ante esta situación, el presidente regional, que es el responsable de la tutela del patrimonio histórico, no ha tenido más remedio que hacer unas declaraciones hace unos días en las que anunciaba que la Consejería de Cultura realizaría un “estudio exhaustivo y una radiografía de todo el perímetro de este yacimiento arqueológico”. Ante estas declaraciones, miembros del gobierno local salieron a los medios para pedir que los trabajos se agilizaran.
La situación parece clara. Después de las palabras del presidente regional, no debería moverse ni una sola piedra hasta haber realizado la radiografía mencionada. ¿Si no, qué sentido tendría dicha radiografía? Cuando se realizó el estudio geofísico en 2008, uno de los problemas con que se encontraron fue con las zonas asfaltadas y con los vehículos aparcados. Es decir, el georradar no puede usarse cuando se ha colocado una capa de 20 cm de zahorra, o una capa de adoquín. Una vez enladrillado el yacimiento, será imposible saber con exactitud lo que contiene el subsuelo. De esa forma, los responsables políticos podrán seguir diciendo que ahí no hay restos, que claro, parece que es lo que buscan.
A pesar de las declaraciones del presidente regional, en esta misma semana hemos sabido que se ha adjudicado la segunda fase del macro-aparcamiento de Vega Baja, consistente en adoquinar una parte de él, y otra parte terminarla con una capa de 20 cm de zahorra. Según las declaraciones de la alcaldesa, los restos arqueológicos, que se encuentran en una esquina no se van a tocar. Y estas declaraciones son asombrosas. Salvo que los restos se hayan escondido allí para estar a salvo de la pala de la alcaldesa, que los restos sólo se encuentren en una esquina es FALSO. Según las prospecciones geofísicas y los sondeos de verificación realizados en 2009, en la esquina mencionada hay restos, corroborados por un sondeo realizado, pero estos se extienden en todas direcciones; norte, sur este y oeste, como es lógico, y además muestra el análisis geofísico.
Las competencias en la tutela del patrimonio histórico son de la Junta de Comunidades. La ley de patrimonio Histórico Español, dice en relación al Patrimonio Arqueológico en su artículo cuarenta y tres que “La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. De igual forma se recoge en la Ley de Patrimonio Cultural de CLM, en el artículo 54, que “La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural podrá ordenar la ejecución de las intervenciones recogidas en el artículo 49 en cualquier terreno público o privado del territorio de Castilla-La Mancha, en el que exista o se presuma la existencia de restos con valor cultural.”
Hay algo que no cuadra entre las declaraciones de Emiliano García Page, y las prisas por enladrillar Vega Baja. El aparcamiento irregular de Vega Baja lleva años en la misma situación. Ante la negación por parte del gobierno local de que los restos arqueológicos se extienden por toda la Vega Baja, y la evidencia científica en contra, ¿por qué tienen tanta prisa? ¿No sería más lógico presupuestar un poco más de dinero y prospectar el subsuelo antes de enladrillarlo, colaborando así con las declaraciones del presidente regional de hacer una radiografía exhaustiva al territorio?
Lo que queda claro es que, si el aparcamiento se enladrilla antes de realizar las prospecciones anunciadas por el presidente, y que la Junta tiene potestad para ordenar, la palabra de Emiliano García Page, quedará por los suelos, y la tutela sobre el patrimonio que ejerce la Consejería de Cultura, totalmente en entredicho, porque, cómo puede cumplirse así, es decir, escondiendo el patrimonio, con el espíritu de la Ley del Patrimonio Histórico español, cuando dice “En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”
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