Isabelo
Sánchez Gómez
Licenciado
en Geografía e Historia
Máster en
Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión
Inmediatamente
que el monstruo de la crisis económica parece que ha empezado a alejarse, la
ciudad de Toledo vuelve a caer en los mismos errores de la burbuja del ladrillo
que tanto dolor nos ha causado. A pesar de tener un POM 2007 anulado por la
justicia, la administración municipal ha vuelto a recuperar el contenido de
dicho Plan, a través de una modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de 1986 (PGMOU 1986). En esencia, y en concreto para el espacio de Vega
Baja (UA 23 en el antiguo POM anulado, o Vega Baja I), que es coincidente cien
por cien con el espacio declarado ampliación del Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica, de Vega Baja, supone la recuperación en la planificación
urbanística, de nuevo, de las 1.300 viviendas que ya existían entonces; y, en
la zona que ahora se denomina “Unidad de Actuación de Santa Teresa” (UA 7 y UA
37 en el antiguo POM anulado, o Vega Baja II), con una superficie de 155.563 m2, se rescatan
los usos terciarios-dotacionales previstos, es decir, aparcamientos, centros
comerciales, hoteles, o cuarteles de la Guardia Civil. Todo ello sin contar con
las Unidades de Actuación Urbanizadoras de Circo Romano, con 300 viviendas, y
Cristo de la Vega, con 98, también recuperadas con esta modificación, que en
total suman 1.698 viviendas. El anuncio más reciente de que se pretende ubicar
en el espacio de la UA de Santa Teresa un cuartel de la Guardia Civil, ha vuelto a hacer saltar las alarmas, porque
la ubicación elegida, aun estando fuera de la zona declarada BIC, claramente se
sitúa encima de restos arqueológicos que, además de aparentemente ser
importantes, indudablemente pertenecen, o son, el mismo yacimiento que se
encuentra unos metros más allá, y para el que incomprensiblemente se fijaron
unos límites totalmente ficticios. Es decir, la capital del reino visigodo, se encuentra en el lugar oficialmente protegido, pero
también donde se pretende ubicar el cuartel de la benemérita, por mucho que se
quiera decir que ese espacio está fuera del yacimiento.
Ilustración 1. Excavaciones en Vega Baja 2008, donde se aprecia la potencia de los restos que iban apareciendo. Página del Ministerio de Fomento |
Han pasado 13
años y parece que hemos despertado de un sueño, en el preciso momento que la
incertidumbre todavía se cernía sobre el yacimiento arqueológico de Vega Baja. Ciudadanos,
organizaciones, e instituciones nacionales e internacionales, se unieron, tal
vez por última vez, en uno de los pocos momentos lúcidos de la sociedad
toledana, generalmente amodorrada y complaciente con las decisiones emanadas
del poder, y consiguieron paralizar el proyecto urbanístico que amenazaba la
capital del reino visigodo.
El asunto
había saltado a los medios de comunicación nacionales, a los internacionales, y
a la política nacional. En el congreso, una proposición no de ley, pedía la intervención del Ministerio de
Cultura para impedir la aprobación definitiva del POM, el envío del documento a
la UNESCO, promover una mesa de trabajo en la que participaran todas las organizaciones
y administraciones más representativas toledanas, con el fin de elaborar un
plan integral y completo de toda la zona de Vega Baja, Cristo de la Vega y
Circo Romano, y anteponer la defensa del patrimonio a los intereses y presiones
inmobiliarias. Los medios de comunicación nacionales entraron en liza. A
principios del mes de julio se publicaba en el País un artículo titulado “El ladrillo amenaza la capital visigoda”, que
sintetizaba la situación del choque entre urbanismo y patrimonio, en la que el
segundo, a pesar de ser de dominio público, es decir de todos, como es
habitual, llevaba todas las de perder ante los intereses económicos de unos
pocos. Unos días después, el presidente Barrera, paralizó el proyecto, entre
una gran controversia.
Ilustración 2. Excavaciones en Vega Baja. Web Toletum Visigodo |
Desde ese
momento, las presiones económico-especulativas-urbanísticas, siguieron
ejerciendo su función, y no dieron por perdida la presa, a pesar de la
paralización del proyecto urbanístico por la administración regional (la misma
que había aprobado antes las modificaciones puntuales del PGMOU que estaban
permitiendo esa urbanización), y la declaración, dos años después del Bien de Interés Cultural de ampliación de Vega Baja, con la categoría de Zona Arqueológica.
Las
presiones urbanísticas que seguían existiendo, extendieron su radio de acción,
ahora un poco más allá. Además de la Unidad de Actuación 23 (Vega Baja I), el
POM 2007 contemplaba las Unidades de Actuación 7 y 37, o Vega Baja II, con un
uso Terciario-Dotacional, es decir, hotelero, comercial, y otros equipamientos.
La empresa Toletum Visigodo buscaba resarcirse del descalabro sufrido,
empleándose, ahora, en Vega Baja II. Todos los esfuerzos se dirigieron hacia
este espacio.
Ilustración 5 Mapa
mostrando en colores las distintas unidades urbanístiicas
El urbanismo
seguía su camino ciego hacia cumplir sus objetivos. El primer paso, en 2009,
fue realizar una prospección geofísica, y la comprobación de los datosobtenidos con esta, por medio de sondeos arqueológicos, en el espacio que
quedaba libre para construir, es decir Vea Baja II, o UA 7 y UA37 . El resultado de las prospecciones geofísicas y sondeos, como era lógico
esperar, concluyó que los restos arqueológicos se extendían sin solución de
continuidad desde el área declarada BIC, por todos los espacios, sin excepción,
que afectaba a la llanura completa al nordeste de este, es decir, las unidades
de actuación urbanísticas sobre las que se pretendía construir.
Ilustración 4. Placa circular de la excavación de Vega Baja. Sólo es un objeto de los miles recuperados en Vega Baja. Web Toletum Visigodo |
Lo que dijo en sus alegaciones de la Real Fundación Toledo en 2011, ante este PERIM es bastante esclarecedor de lo que
estaba sucediendo.
Resaltamos el primer párrafo de dicho documento por resumir en muy poco espacio
la esencia de la situación: "El
PERIM está basado en un error al considerar que la superficie a la que afecta
no tiene nada que ver con el espacio histórico de la Vega Baja ni con el
yacimiento arqueológico. En consecuencia, queda invalidado al prescindir en sus
planteamientos, o considerar ajenos, los valores patrimoniales cuya protección
y defensa es una obligación ineludible contemplada en las normas legales
estatales, autonómicas y locales".
Por su parte,
como decía, simultáneamente al
desarrollo del planeamiento para construir en el espacio “supuestamente libre
de BIC y restos arqueológicos”, la empresa Toletum Visigodo, había redactado un
Plan Director de Vega Baja. En
aquellos momentos, de finales del primer decenio del siglo XXI, y principios
del siguiente, se buscaba una salida al descalabro que había sufrido la
empresa. En esencia, a pesar de los amplios espacios verdes que contemplaba,, se estaba bañando con
una pátina de cultura y respeto al medio ambiente el desarrollo urbanístico de
las UA 7 y 34, o Vega Baja II. Inmediatamente, el Pleno del Ayuntamiento de
Toledo aprobó ese Plan Director, que incluía, además, la obra estrella, la
instalación en dicho espacio de “El Corte inglés”.
Para
entonces, todo el mundo estaba ya harto de Vega Baja. La ciudadanía confundida,
las organizaciones e instituciones desgastadas. En parte se estaba consiguiendo
el objetivo para poder construir sobre el espacio de Vega Baja. Es triste
reconocerlo, pero, mientras que Vega Baja I lo paralizó una conjunción de
iniciativas y acciones de muchos, Vega Baja II, y el Corte Inglés, no lo
paralizó nadie nada más que la crisis económica. Esta situación dio la puntilla
a la empresa Toletum Visigodo, que desde ese momento iniciaría su proceso de
desaparición, aunque, al parecer, aunque sin personal ni sede,
administrativamente sigue existiendo a día de hoy.
La
historia que sigue todo el mundo la conoce. La construcción allí, en esos
momentos resultaba imposible, porque nadie compraba, y todo el espacio, tanto
del BIC, como del resto de la Vega, quedó abandonado.
Desde entonces hasta ahora se ha perdido un tiempo valiosísimo para tomar
decisiones sobre Vega Baja, para hacer el Plan Especial que requería,
obligatoriamente, la declaración de Bien de Interés Cultural, o para decidir
qué hacer y qué no hacer. Cuando todo podía estar planificado, y pensado, desde
el punto de vista cultural, con un buen plan para poner en valor el espacio de
Vega Baja, y desde el punto de vista urbanístico con un nuevo Plan de
Ordenación Urbana más realista, y razonable que el anterior; que no “queme
suelo por quemarlo”, respetuoso con el patrimonio, y el medio ambiente, y por
lo tanto, con la calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo, la desidia,
tal vez intencionada, ha llevado a que no existan tales planificaciones, y a
que en la actualidad, con una leve recuperación económica, los políticos hayan
decidido reiniciar, donde la dejaron antes, la burbuja inmobiliaria, lanzándose
a hacer “cualquier cosa” sobre la vega, como si les fuera la vida en ello. De
esta forma, durante la última legislatura ya se ha urbanizado y se está
construyendo la Unidad de Actuación 34 (4 bloques de pisos, probablemente
también sobre la capital visigoda), y se han recuperado, y puesto a disposición
del ladrillo, todos y cada uno de los suelos que ya estaban dispuestos en el
POM 2007, anulado por la justicia. Y ahora, como banderín de salida de la
“nueva-vieja” política urbanística de la ciudad, para desarrollar la Unidad de Actuación de Santa Teresa
llenándola de construcciones, se ha buscado una edificación para un cuerpo, que
debido a su significación, como defensores de la ley y el orden, pueda tener menos
oposición y/o más aceptación social. Curiosamente, la Guardia Civil es un
cuerpo que tiene un papel destacado en la lucha contra el expolio arqueológico,
lo que choca con la idea de que su cuartel se vaya a construir precisamente
sobre restos del pasado de gran valor.
En 2015,
Milagros Tolón, alcanzó el gobierno municipal, con el apoyo de Ganemos. Su inicio
de mandato coincide en el tiempo con las sentencias y contra sentencias que
anulaban el POM 2007. La primera sentencia anulatoria es del año 2011. En 2014, el Tribunal Supremo, desestimó elrecurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Toledo, y ratificó lasentencia de 2011. Poco
después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió la
ejecución de la sentencia, lo que contribuyó a embarrar más el asunto. Así, a
base de recursos y contra-recursos, se llegó a la legislatura de Milagros
Tolón, con una confusión total en relación al urbanismo de la ciudad. Apenas
había arrancado su mandato cuando una providencia del Tribunal Superior de
Justicia levantó la supresión de ejecución de las cinco sentencias ya
pronunciadas sobre el POM, lo que de hecho dejaba anulado el POM, aunque el
Ayuntamiento volvió a recurrir, esta vez al Constitucional. La confusión era
máxima, por la complejidad del procedimiento y nadie tenía claro lo que hacer.
Milagros Tolón, llegó a convocar una reunión multitudinaria, con cientos de
políticos y técnicos, donde se presentó un avance del nuevo POM que pensaban
redactar, dando por muerto el anterior. En la práctica, eso no llevó a ningún
lado, porque nunca más se volvió a hablar del nuevo POM, sino que el gobierno
municipal se embarcó en una huida hacia adelante, sin rumbo, que culminaría en
el año 2018, con la sentencia firme de anulación del POM, y sin posibilidad de
recurso.
Ilustración 7. Prospección ARP. Mapa de resistividad que muestra las características del subsuelo (J.M. Rojas y A.J. Gómez, 2009) |
Pues bien, en ese espacio de tiempo, con un POM anulado por la justicia, pero con el Ayuntamiento recurriendo, se desarrolló un proyecto urbanístico de gran controversia en la ciudad. Ya que supuso el “reinicio” de las actuaciones urbanísticas en Vega Baja. En el año 2016 el Ayuntamiento de Toledo presentó un PAU (Programa de Actuación Urbanística), denominado 34, o Santa Teresa II, que era un PAU que ya se encontraba en el POM 2007, que como vimos estaba en ese momento en la situación de que el Tribunal Superior de Justicia había dicho, recientemente, en el año 2015, que las sentencias, del año 2011, debían ejecutarse. Este PAU, a mi juicio se encuentra en una nebulosa legal, porque a pesar de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento de Toledo estaba desarrollando un PAU, amparado “según ellos”, por los recursos que había interpuesto, y que como sabemos fueron desestimados, uno tras otro, a lo largo del tiempo, en su totalidad. El programa urbanístico contemplaba 87 viviendas, 187 plazas de aparcamiento, y la construcción de varios viales, especialmente uno que unía la Avenida de América con la Avenida Carlos III. Hasta el momento actual, nadie sabe cuál era el contenido arqueológico del suelo, correspondiente al espacio ocupado por los bloques de viviendas, porque la lejanía de las excavaciones que se llevaron a cabo no permitía que los ciudadanos pudiéramos ver lo que había allí, pero sí pudieron verse los restos aparecidos en el vial que conectaba con Carlos III, y aunque desconocemos el informe arqueológico, la entidad en cuanto a estructuras que se veía allí, estaba en la línea de lo aparecido en Vega Baja I, y lo que las prospecciones geofísicas y sondeos habían mostrado previamente un poco más al oeste, es decir, un gran potencial arqueológico. Por otra parte, la controversia principal, aparte de la construcción en un limbo urbanístico, y la importancia de los restos arqueológicos aparecidos, se encontraba en que esos bloques, los primeros que se levantaban en la zona después de muchos años, y ahora con una legislación de protección de patrimonio, y unos condicionantes paisajísticos recogidos en la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad, y en el Plan Especial del Casco Histórico, rompían con todos los preceptos en cuanto a las zonas de respeto y protección del paisaje.
Inmediatamente
después de la anulación definitiva del POM 2007, en lugar de que la administración
municipal repensara el urbanismo de la ciudad: siempre habían dicho que ese POM
no era el suyo, sino el del PP, se embarcaron en una serie de modificaciones
puntuales del PGMOU de 1986, la 28 y la 29, con la intención de legalizar todo
lo que se había empezado a ejecutar con este POM anulado, y/o lo que estaba
recogido en el mismo. De esta manera, con la aprobación por parte del
Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades, de la Modificación Puntual
28, para la zona se vuelve a recuperar lo mismo que estaba planificado en el
POM anulado, y que “no era el suyo”, retrotrayéndonos, no como dice la
sentencia del POM 2007, al momento anterior de que se sacare el plan por
segunda vez a exposición pública, sino al momento de plena vigencia inicial del
POM, lo que supone, en términos trapecistas, un cuádruple salto mortal hacia
atrás, sin red, y querer caer de pie e intactos, de nuevo, en la urbanización
de Vega Baja I, Vega Baja II, el Circo Romano y el Cristo de la Vega.
Mientras se
sigue sin un plan serio sobre qué hacer con Vega Baja, la improvisación, o tal
vez no (no sabemos si todo está pensado de antemano) sigue campando a sus
anchas. Lo lógico, y razonable, sería
realizar un plan integral sobre el patrimonio y el paisaje de Vega Baja, que
recoja todo lo que se quiera hacer en este espacio. Una vez redactado ese
plan habría que ejecutarlo, y no antes, porque no se puede empezar la casa por
el tejado. Pues en lugar de eso, el planteamiento es que, para demostrar que se
puede hacer algo en Vega Baja (en este caso dentro del espacio declarado BIC),
lo mejor es improvisar y hacer una “senda peatonal”, que atraviese todo el
yacimiento arqueológico. Una senda con un coste económico importante, que nadie
había pedido, y que, por supuesto, nadie ha planificado en un plan global y
que, hipotecará cualquier decisión futura sobre este espacio. Tal vez una senda
o varias de este tipo podrían ser interesantes, pero que como decía, dentro de
un plan pensado para poner en valor el yacimiento o para que los ciudadanos
disfruten de ese espacio. En ausencia de dicho plan, la senda no deja de ser un
camino muy caro, de poca utilidad ciudadana y que divide el espacio, en un
contexto en el que parece que varias instituciones, ahora curiosamente, en
línea con los postulados políticos, dispuestas a sacrificar espacios valiosos
de Vega Baja, al urbanismo, para, a
cambio, financiar el proyecto cultural.
Ilustración 8. Cuartel de la Guardia Civil de Toledo en su ubicación actual. Se proyecta trasladarlo a la UA 37 o Ampliación de Santa Teresa, en un lugar lleno de restos arqueológicos |
Y
para poner la guinda al pastel de Vega Baja, en un reciente acto público, la
alcaldesa de Toledo, anunció la próxima construcción de un nuevo cuartel de la
guardia civil en terrenos de la Unidad de Actuación de Santa Teresa. El asunto
supone la permuta de los terrenos que ocupa el antiguo cuartel, donde
presumiblemente se construirían viviendas, por el espacio en Vega Baja, donde,
en su momento, estuvo prevista la construcción del Corte Inglés. Es decir,
pretenden construirlo en la Unidad de Actuación 37 del antiguo POM 2007, o el
PERIM UA 7 +37, un área que como hemos visto ha sido recuperada por la
Modificación Puntual 28 del PGMOU 1986, para usos terciarios-dotacionales.
Dicho espacio se encuentra fuera de la zona delimitada como BIC, pero como
hemos dicho con anterioridad, y no me cansaré de repetir, esto sólo es el
producto de una mala delimitación de la zona arqueológica, porque como
demuestran todas las evidencias los restos arqueológicos se extienden más allá
de la zona declarada, a toda la Vega, por lo que la administración regional
debería realizar una modificación de dicha declaración, y ampliar el BIC,
congruente con los datos científicos. Si consideramos que el espacio exterior
al BIC es el mismo que el interior, y así lo muestran las evidencias, la más
fuerte de ellas, la prospección geofísica y los sondeos de comprobaciónrealizados en 2009,
y no un espacio diferente, y la administración tutelar no interviene, podríamos
considerar que se está destruyendo el yacimiento arqueológico, y por lo tanto
entraríamos en una competencia esencial de la Administración del Estado de
“garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover
el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del
Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la
expoliación”.
El Artículo 4
de la LPHE dice con respecto a la expoliación que, “A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación
toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o
alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico
Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la
Administración del Estado, con independencia de las competencias que
correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar
del Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la
expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado
dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como
técnica, del bien expoliado.”
El tiempo de
compactar la ciudad, de rellenar los vacíos ya ha pasado. La ciudad se ha
construido dispersa, y eso ya no tiene solución. Se pueden compactar espacios,
y crecer, si es necesario, por otros ámbitos, y aprovechar la situación, de
este “accidente” en Vega Baja, para conseguir una ciudad mucho más amable con
los ciudadanos, en la que la cultura, el patrimonio y el medio ambiente, formen
parte integral de la vida de los vecinos, con unos espacios que pueden suponer
un alto nivel en la calidad de vida. Otras ciudades no han tenido esta
oportunidad, y se han condenado para siempre. En una ciudad, irremediablemente
dispersa, la diferencia está en pasear de barrio a barrio entre bloques de
viviendas iguales, anodinos y asfalto, o hacerlo entre espacios verdes,
jardines botánicos, paseos con moreras, y felicidad.
Referencias
VV.AA. 2009: La Vega Baja de Toledo, Toletum Visigodo
Isabelo Sánchez Gómez
Licenciado en Geografía e Historia
Máster en Patrimonio Histórico: Investigación
y Gestión
Miembro de la plataforma “Toledo. Sociedad,
patrimonio y cultura”